Según la Ley, queda prohibida la comunicación comercial que vulnere la dignidad humana, que fomente la discriminación o que utilice la imagen de la mujer con carácter vejatorio o discriminatorio. La vulneración de esto, está catalogado como infracción muy grave y conlleva una sanción entre los 500.001 euros hasta el millón de euros para las televisiones y desde los 100.001 hasta los 200.000 euros para las radios. Asimismo, también se prohíbe publicitar bienes y servicios que fomenten comportamientos nocivos para la salud, como cigarrillos, algunos medicamentos o bebidas alcohólicas de más de 20 grados, así como para el medio ambiente y la seguridad de las personas. En cuanto a la publicidad de bebidas alcohólicas de menos de 20 grados, sólo se podrán emitir entre las 20.30 y las 6.00 horas del día siguiente, salvo si la publicidad forma parte de la adquisición de derechos sobre determinados contenidos. Asimismo, en horario de protección infantil, de 6.00 a 22.00 horas, no se podrá emitir publicidad que promueva el culto al cuerpo y rechazo a la autoimagen.

Otra de las novedades de la Ley es la definición de los nuevos tipos de comunicación comercial, como el emplazamiento de producto que consiste en incluir, mostrar o referirse a un producto, servicio o marca comercial en la acción del programa o trama argumental. Esta acción se permite en largometrajes, cortometrajes, documentales, películas, series de televisión, así como en programas deportivos y de entretenimiento, aunque se deberá informar al público de dicho emplazamiento del producto, sin incitar de forma directa a su adquisición. Además, la Ley General de Comunicación Audiovisual recoge entre otras el derecho de crear canales de televenta por parte de las televisiones privadas, o la prohibición del patrocinio en los programas de informativos.

Por otro lado, se debe separar de forma adecuada la publicidad de la programación, a través de mecanismos acústicos y ópticos, además estos mensajes no deberán superar el nivel medio de volumen del programa anterior Esta medida se establece solo para las televisiones ya que la normativa no incluye a la radio en este apartado. Por otro lado, se regula el tiempo máximo de interrupciones por publicidad por hora, estableciendo un máximo de 12 minutos para anuncios, cinco para autopromociones y tres para telepromoción.

Fuente: Cine&Tele

A partir del 1 de mayo, las televisiones podrán alquilar o vender su licencia de emisión. Y podrán convertir en canales de pago la mitad de los que posean. También serán responsables de los fraudes que puedan producirse en los concursos, y los programas de juegos y apuestas sólo podrán emitirse entre la una y las cinco de la madrugada, y los de contenido esotérico, entre las 22.00 y las 07.00 horas. Por otro lado, la Ley General de la Comunicación Audiovisual modifica los porcentajes que las televisiones deben invertir en la producción nacional de cine y televisión: las televisiones públicas deben destinar un 6% de sus ingresos anuales a la producción de largometrajes, TV movies, series de TV, documentales o productos de animación, pero un 25% de ese porcentaje puede ir a parar a TV movies y series de ficción. En el caso de las emisoras privadas, el porcentaje total debe ser del 5%, y dentro de él, un 40% para series y TV movies. Si un canal dedica más del 70% de su programación anual a uno de estos géneros, podrá destinar el porcentaje obligatorio únicamente a su producción.

La ley incluye, entre otras medidas, un tiempo máximo de publicidad de 19 minutos por hora (incluye autopromos, televenta y publirreportajes). También restringe los contenidos audiovisuales que puedan ser perjudiciales para el desarrollo de los niños a horarios entre las 22 horas de la noche y las 6 de la madrugada. Asimismo, se incluye una protección adicional para que las televisiones utilicen una codificación digital especial en sus emisiones que permita a los padres ejercer un control sobre lo que ven sus hijos por la televisión. De esta manera se refuerzan las medidas de protección al menor.

La LGA también establece medidas más restrictivas para la publicidad de bebidas alcohólicas de baja graduación. Sólo se podrán emitir anuncios de bebidas alcohólicas, cualquiera que sea, entre las 20.30 horas y las 6.00 horas del día siguiente.

La ley también establece cambios que afectan a las televisiones privadas y a las plataformas de pago. Hasta ahora, toda plataforma de televisión de pago tiene la obligación conocida como ‘must carry’, es decir, que debe transportar las señales de televisión existentes. Pero con la nueva ley audiovisual esta obligación sólo se aplicará a TVE y a las televisiones públicas autonómicas, ya que las televisiones privadas deberán recibir una contraprestación económica por parte de las plataformas de pago por el hecho de que su señal sea incluida en la oferta. Privadas y plataformas de pago deberán pactar previamente un precio por el servicio.

La ley también consagra la creación de un Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA), que dependerá del Ministerio de la Presidencia y que tendrá carácter sancionador.

Fuente: Cine&Tele

El diputado del PP Miguel Ángel Cortés criticó sobre todo, la creación del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (Cema), porque consideró que, además de resultar muy caro, podrá cerrar medios audiovisuales y esto sólo debe hacerlo un juez. “Es una ley antigua, obsoleta y un a auténtica amenaza a la libertad de expresión”, añadió.

Por el contrario, el diputado socialista Óscar López afirmó que con esta ley se culmina la reforma del sistema audiovisual español, “que ha tenido lugar durante los seis últimos años”. “Es un gran logro del Gobierno, y más en concreto de la vicepresidenta primera [María Teresa Fernández de la Vega], que se ha implicado personalmente”.

Frente a la crítica de los populares de que el Gobierno y el PSOE no han querido consensuar esta ley, afirmó que han mantenido multitud de reuniones con todos los sectores y colectivos implicados durante los cinco meses que ha durado su tramitación en el Parlamento.

Desde la izquierda, Gaspar Llamazares (IU-ICV) y Joan Ridao (ERC) afirmaron que la nueva ley sólo favorece a las productoras privadas de televisión. “Es una ley Berlusconi, poco plural y de extrema”, indicó Llamazares.

Diversos colectivos sociales también han criticado la ley, porque consideran insuficiente las limitaciones que establece a la publicidad de bebidas alcohólicas, entre otras razones. La Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) también se ha mostrado muy crítica, sobre todo porque considera que la nueva norma no configura las televisiones como un servicio público y ha cedido a las presiones de las empresas privadas.

Novedades

Entre las principales novedades de esta ley figura un tiempo máximo de publicidad, que será de 20 minutos por hora entre anuncios convencionales (12 minutos), autopromoción (cinco minutos) y telepromoción (tres minutos). Este punto ha sido modificado respecto al texto inicial del Gobierno, que contemplaba la posibilidad de emitir un total de 29 minutos de mensajes publicitarios.

Otro de los temas que quedan regulados con esta ley es la protección a los menores. Así, la norma establece que los contenidos que puedan ser “perjudiciales para el desarrollo físico, mental o moral de los menores solo podrán emitirse entre las 22 y las 6 horas, debiendo ir siempre precedidos por un aviso acústico y visual” y también excluye de este horario ciertos anuncios publicitarios, como el de algunas bebidas alcohólicas.

Asimismo, durante su paso por el Senado se incluyó una protección adicional, ya que se acordó que las televisiones utilicen una codificación digital especial en sus emisiones que permita a los padres ejercer un control parental sobre lo que ven sus hijos por la televisión.

Por otro lado, la ley establece unas ‘reglas de juego’ para el sector audiovisual que pretende dar seguridad jurídica a las empresas para poder actuar. En este sentido, la ley establece un régimen de concesión, arrendamiento, cesión, renovación o extinción de las licencias audiovisuales, y se recoge como un derecho de los operadores lanzar canales de pago, limitándolo a un 50% de los canales concedidos a cada licencia.

Fuente: elmundo.es

La novedad de más calado que se ha introducido en el último trámite en la Cámara Alta es una enmienda transaccional pactada por PSOE y CiU, por la cual se elimina del proyecto salido del Congreso la obligación a las cadenas privadas de ceder gratis su señal a las plataformas de cable y satélite.

Los socialistas han atendido la exigencia de CiU para que sólo TVE y las cadenas autonómicas públicas tengan obligación de hacer esta cesión de balde, mientras las privadas deberán recibir a cambio una contraprestación.

En total, el Pleno del Senado introdujo 11 transaccionales, según explicó la ponente socialista Ruth Porta. A petición de Iniciativa per Catalunya, el PSOE también incorporó sendos cambios para que la Ley Audiovisual recoja un reconocimiento al peso importante que debe tener la producción propia en RTVE y una obligación a todas las cadenas para que tengan archivos de imágenes.

Finalmente, el PSOE no aceptó modificar el proyecto en el artículo que prohíbe emitir anuncios de bebidas alcohólicas de menos de veinte grados fuera de la franja de tiempo entre las 20.30 horas y las 06.00 horas del día siguiente, salvo que esta publicidad forme parte indivisible de la adquisición de derechos y de la producción de la señal a difundir. Lo pidieron en vano varios grupos, a instancias de la industria vinícola sobre todo.

El proyecto superará su último escollo parlamentario el próximo día 18, cuando recibirá el refrendo definitivo en el pleno del Congreso, para su posterior publicación en el BOE.

Al término del debate, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, expresó en los pasillos del Senado su “alegría” por la luz verde que encontró en la Cámara Alta esta ley “tan importante”, que “llega en un momento muy oportuno para el sector, con el apagón analógico y la transformación” actual del mercado audiovisual.

Fuente: Ecodiario

Esta modificación se incorpora en el párrafo quinto del apartado 2º del artículo 7 referido a los derechos del menor. Este artículo dice sobre estos programas que sólo podrán emitirse entre las 22 horas y las 7 de la mañana los relacionados con el esoterismo y la paraciencia, y entre la 1 y las 5 horas los dedicados a juegos de azar y apuestas.

También sobre el mismo artículo, se han acordado una enmienda transaccional más en base a la presentada por el Grupo Popular por la que se incluye en el primer párrafo del apartado dos que “el acceso condicional debe posibilitar el control parental”. En este punto, la ley prohíbe la emisión en abierto de contenidos audiovisuales que puedan perjudicar seriamente el desarrollo físico, mental o moral de los menores, y en particular, programas que incluyan escenas de pornografía o violencia gratuita.

Además, también se aprobó otra transaccional a una enmienda de Entesa Catalana por la que se introduce en el texto de la Ley un nuevo párrafo que señala que los prestadores de servicios de comunicación audiovisual televisiva, incluidos los de a petición, utilizarán, para la clasificación por edades de sus contenidos, una codificación digital que permita el ejercicio del control parental.

Por otra parte, en cuanto al programa que el Gobierno deberá suscribir con RTVE se incluye la especificidad de “la organización y programación de La 2 que, en todo caso, dispondrá de un plan concreto para la creación del centro de producción de referencia en Sant Cugat”.

También se aprobó la enmienda con los votos de PP y CiU por la que se permite a las televisiones locales la emisión en cadena siempre que las emisiones conjuntas se desarrollen en el ámbito de una misma Comunidad Autónoma.

Con todo, el portavoz del Grupo Popular, Pedro Agramunt, criticó al Gobierno y al Grupo Socialista por las “prisas” que se dieron en sacar adelante la ley. Así, acusó a la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, de “no querer que haya acuerdos” en torno a la ley.

Uno de los más importantes es la creación del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA) que, para el Grupo Popular, debería integrarse en la Comisión Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones. “No estamos en España para gastarnos los dineros. Es un coste adicional”, dijo Agramunt.

Asimismo, dijo que sería “un organismo político”, por lo que considera que “es muy peligroso”. “Me huele más a Hugo Chávez que a democracias europeas”, agregó. Por su parte, la portavoz socialista, Emelina Fernández, dijo que con la creación de este organismo se está cumpliendo un mandato de la Unión Europea. “Estamos trasponiendo una directiva comunitaria”, apuntó.

Finalmente, también el Grupo de Senadores Nacionalistas criticaron “la celeridad” con que se ha tramitado la ley, que se debatirá la semana que viene en el Pleno del Senado.

Fuente: La Razón

La Comisión Constitucional lo aprobó el 7 de enero con 20 votos a favor, 2 en contra y 16 abstenciones. “Tendremos que ver la práctica de este Consejo estatal, pero por fin se garantiza la presencia española en el marco audiovisual europeo”, dijo Font en el citado foro de debate, organizado en Barcelona por Nueva economía Fórum.

No obstante, el consejero secretario del CAC, Santiago Ramentol, manifestó hace unas semanas que “la ley parece redactada desde el sector privado” y pronosticó que traerá problemas de competencias con el CAC. Durante su conferencia, Ramon Font insistió en su objetivo de “consolidar un espacio público basado en la profesionalización”. También puso sobre la mesa tres retos de futuro: “la digitalización, la redefinición del servicio público y la delimitación de la función reguladora”.

El presidente del CAC recalcó en su intervención ante los representantes de todos los partidos políticos que “el televisor no es un electrodoméstico más, ni tampoco un peligro”, y opinó que “el consenso político ha fomentado las iniciativas legislativas que han conformado la naturaleza del Consejo”. Asimismo, defendió que “hemos puesto en marcha una organización reconocida por los partidos políticos, el sector y los ciudadanos”.

Antes de presidir el Consejo del Audivisual de Cataluña, Ramón Font fue corresponsal de Catalunya Radio, de la Agencia Catalana de Noticias, de RNE y de TVE en Portugal. Además, ha trabajado en las redacciones de la SER y de TVE en Cataluña, y fue director de TVE en Sant Cugat.

Fuente: elmundo.es

El OCTA considera que estos aspectos deber ser recogidos “obligatoriamente” por la nueva norma en su trámite en la Cámara alta.

El Observatorio está integrado por más de 50 organizaciones sociales entre las que están, según la información de su web, los sindicatos CC.OO y UGT, el Defensor del Menor de Madrid o Cruz Roja y Unicef, entre otros. Una de las reivindicaciones es que la pornografía y la violencia gratuita se emitan sólo a través de servicios audiovisuales a petición, con el fin de garantizar la protección de los menores y cumplir con la normativa comunitaria.

Pornografía fuera de las parrillas

Al observatorio le parece insuficiente la prohibición de emisión en abierto de porno y violencia gratuita incluida en el articulado original del Gobierno.

“No basta con poner estas emisiones codificadas en acceso condicional”, ha explicado a Servimedia Alejandro Perales, portavoz del OCTA y presidente de la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC).

“La directiva comunitaria de Servicios de Medios Audiovisuales obliga a que estos contenidos sean difundidos sólo a petición, es decir, mediante el sistema de video bajo demanda y fuera de las parrillas de programación. Si no lo establece así la ley, tendríamos que ir a los tribunales europeos”.

Responsabilidad sobre todo lo que se emite

Además, piden que las televisiones tengan responsabilidad administrativa sobre todo lo que emiten, tanto programas como comunicaciones comerciales, “evitando la impunidad recogida en el actual Proyecto de Ley”.

A su vez, reivindican que la publicidad de bebidas alcohólicas de más de 20 grados siga sin ser emitida por televisión y que la de las bebidas alcohólicas de menor graduación no se emita antes de las 22 horas.

El OCTA también requiere que la regulación voluntaria de las cadenas no suponga un detrimento de la protección legal de los espectadores y que la comunicación comercial, en sus diferentes formas, incluida la autopromoción, no supere los 12 minutos por hora tal y como lo establece la directiva europea.

Que haya una amplia participación de organizaciones sociales en el Consejo Consultivo del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA) y que se garantice la gestión directa de las televisiones públicas y la producción propia de contenidos básicos en los informativos, para que cumplan su función de servicio público y divulgador de la cultura, son otras de las peticiones.

Por último, solicitan que se establezcan las condiciones necesarias como para permitir la viabilidad de las televisiones comunitarias en el nuevo entorno digital.

Fuente: rtve.es

El secretario general de Uteca, Jorge del Corral, ha declarado que “vamos a luchar durante todo el tiempo que sea necesario para que todas las televisiones públicas dejen de emitir publicidad. Estamos defendiendo una filosofía y es que la televisión pública no puede ser comercial y para que deje de serlo, tiene que dejar de emitir publicidad. Las televisiones públicas autonómicas y las municipales tienen que dejar de emitir publicidad ya. Hablaremos con los gobiernos autonómicos, con los grupos parlamentarios de todas las autonomías para que sigan el ejemplo dado por el gobierno central y que ha llevado a cabo con TVE”.

Por su parte, las asociaciones de telespectadores comparten esta petición de Uteca y se muestran favorables a que las televisiones autonómicas dejen de emitir anuncios. Así, Alejandro Perales, director ejecutivo de la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC), explicó que las televisiones autonómicas “deberían de dejar de tener publicidad ahora que TVE ha dado ya el primer paso. Una vez que se ha establecido este modelo todas las televisiones públicas deberían adecuarse a él. No sólo en el tema de los anuncios sino también en lo referido a los nombramientos parlamentarios de sus responsables y también en el modelo de fianciación”.

Íñigo Millán Astray, presidente de la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de los Medios (ICmedia), aseguró que como telespectador está de acuerdo con que la Forta deje de emitir publicidad cuanto antes, pero que “como ciudadano me preocupa de donde va a salir el dinero para sufragar estas televisiones autonómicas”.

José Luis Colás, presidente de la Agrupación de Telespectadores y Radioyentes (ATR) comparte la misma opinión que Millán Astray y sostiene que desde el punto de vista del telespectador “es mejor que las autonómicas no den publicidad. Conciliaríamos mejor nuestra vida, porque sin publicidad las películas, los espacios acabarían antes y dormiríamos más. Pero, desde el punto de vista de contenidos me preocupa que al perder fondos se pierda la calidad. Si hay fondos suficientes sin tener los ingresos de publicidad para hacer buenos programas, pues miel sobre hojuelas y que ninguna televisión pública autonómica emita publicidad”.

El secretario general de la Forta, Enrique Laucirica, subrayó que “en estos momentos de crisis económica tan importante que estamos viviendo no se justifica otro tipo de modelo de finaciación distinto al que tiene actualmente la Forta. Es poco oportuno reclamar a las televisiones autonómicas que dejan de emitir publicidad. No nos planteamos en ningún caso seguir el ejemplo de TVE. La doble financiación es el modelo lógico y, en este momento, las televisiones públicas autonómicas sólo ven en el horizonte ese modelo doble de financiación”.

Fuente: elmundo.es

El texto, que ahora será enviada al Senado para continuar su tramitación parlamentaria, contó con la abstención del PP y con los votos en contra del PNV y de ERC-IU-ICV.

Durante la Comisión, CiU ha pactado con los socialistas que el 6 por ciento de los ingresos de las televisiones públicas estatales o autonómicas se pueda destinar, además de a producción cinematográfica, a la creación de series y miniseries.

Otra de las enmiendas pactadas entre estos dos grupos es que las televisiones autonómicas podrán emitir en otras autonomías limítrofes con las que compartan “afinidades lingüísticas y culturales siempre que así lo acuerden mediante convenio” las comunidades implicadas y que “exista reciprocidad”.

Según el portavoz socialista, Óscar López, con este punto se da cumplimiento a una “vieja aspiración” entre Cataluña y la Comunidad Valenciana para que se puedan ver las respectivas televisiones autonómicas en las comunidades vecinas.

DIEZ MINUTOS MENOS DE PUBLICIDAD

Con respeto al tiempo de publicidad, la ley establece finalmente que las televisiones podrán emitir un total de 19 minutos por hora entre anuncios convencionales (12 minutos), autopromoción (cinco minutos) y telepromoción (dos minutos). Este punto ha sido modificado respecto al texto inicial del Gobierno, que contemplaba la posibilidad de emitir hasta 12 minutos de telepromoción, lo que suponía un total de 29 minutos de mensajes publicitarios.

El texto también prohíbe emitir en horario infantil anuncios “que promuevan el culto al cuerpo y el rechazo a la autoimagen”. En concreto, se refiere a “productos adelgazantes, intervenciones quirúrgicas o tratamientos de estética, que apelan al rechazo social por la condición física o al éxito debido a factores como el peso o la estética”.

Asimismo, el proyecto de ley establece que los contenidos que puedan ser “perjudiciales para el desarrollo físico, mental o moral de los menores solo podrán emitirse entre las 22 y las 6 horas, debiendo ir siempre precedidos por un aviso acústico y visual”, estando este último presente durante todo el programa.

ACABAR CON LAS RADIOS PIRATAS

Poro otro lado, la nueva ley busca, a propuesta de CC, acabar con la existencia de radios piratas. Para ello, el proyecto fija la puesta en marcha de la Agencia Estatal de Radiocomunicaciones -que estaba prevista en una ley anterior pero que no llegó a desarrollarse-, que será la encargada de realizar un mapa de las radios en España.

El Gobierno central y las comunidades autónomas serán las encargadas de cerrar aquellas que no tengan licencia. Los grupos parlamentarios calculan que en España existen unas 3.000 radios piratas.

REACCIONES DE LOS GRUPOS

En nombre del PP, el diputado Miguel Ángel Cortés dijo que su grupo no se siente “políticamente vinculado a esta ley” y añadió que “sólo un juez y no un órgano administrativo debe poder cerrar un medio audiovisual”.

Cortés pidió al PSOE que garantice que los internautas, los prestadores de servicios de la sociedad de la información y los operadores de telecomunicaciones están excluidos del alcance de esta ley y, por lo tanto, de su régimen sancionador.

Así, reclamó que se garantice la libertad de “los blogs, las redes sociales, la páginas y el intercambios de contenidos audiovisuales entre internautas” y que éstos puedan funcionar “sin temor a una sanción de hasta un millón de euros o al cierre”.

El representante de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, afirmó que la ley consolida un mercado “oligopólico”, favorece a las televisiones privadas y “margina” a la radiotelevisión pública. “Están más protegidos los derechos de los productores y los de las televisiones privadas que los de los ciudadanos”, sentenció.

El PNV reclamó en sus enmiendas, entre otras cosas, que se garantice el respeto a todas las lenguas del Estado. Joan Ridoa (ERC) denunció el “altísimo grado de servilismo del Gobierno hacia algunos grupos de comunicación” y le acusó de estar realizando “un auténtico desguace del sector público audiovisual” que con el tiempo acabará por “hundir” los índices de audiencia de TVE.

De su lado, la representante de Coalición Canaria, Ana Oramas, dijo que queda sin resolver la protección de los menores canarios, quienes, debido a la diferencia horaria, sólo estarán protegidos hasta las 21 horas cuando la ley fija que debe ser hasta las 22. Para acabar con esta discriminación propuso que el horario de protección infantil se amplíe hasta las 11 de la noche en la península o que a las 10 de la noche las cadenas nacionales que emitan en Canarias realicen una desconexión.

CRÍTICAS A LA TRAMITACIÓN “EXPRÉS”

Las formaciones del PP, PNV, ERC-IU-ICV y BNG criticaron al PSOE por la forma en la que se ha tramitado la norma, ya que se consideran que se ha realizado de forma “exprés”, “casi clandestina”, y “huyendo del consenso y del diálogo” con los grupos parlamentarios y con los agentes implicados, “salvo Uteca” (Unión de Televisiones Comerciales Asociadas).

El portavoz socialista, Óscar López, calificó de “duras e injustas” las críticas y recalcó que la norma “no se ha tramitado con carácter de urgencia, el plazo de enmiendas se ha ampliado cuatro veces y al texto se han incorporado 55 enmiendas transaccionales”.

Además, defendió que el Gobierno y el Grupo Socialista han mantenido “decenas de reuniones” con los colectivos implicados y fruto de ese “diálogo” nace una ley “equilibrada”. Además, celebró que en los primeros días de enero, TVE -que ya no emite publicidad- “siga siendo líder indiscutible e incontestable de audiencia”.

Fuente: Europa Press