“Para Europa, el bloqueo de internet no es una opción”, declaró Reding en un discurso pronunciado durante una conferencia sobre protección de datos en internet celebrado en Munich y difundido también en Bruselas.

“La protección de los derechos de autor no puede ser utilizada como pretexto frente a la libertad en internet”, añadió.

La comisaria evitó referirse expresamente al proyecto de ley estadounidense que pretende atajar la piratería en internet, conocido como SOPA-”Stop Onlina Piracy Act”-, que motivó esta semana un “apagón” de varias páginas web en señal de protesta por su supuesta intención “censora”, sobre el que la UE ya ha manifestado sus críticas.

Sí declaró, no obstante, que ”la libertad de expresión e información son derechos fundamentales de los ciudadanos europeos directamente vinculados con un internet libre”.

“El derecho de los creadores de proteger el contenido y los frutos de su creación es igualmente importante y también tiene que ser protegido”, añadió, y aseguró que el objetivo de la UE es reequilibrar ambos derechos, ya que “no son enemigos, sino socios”.

Las afirmaciones de Reding se producen después de que esta semana el FBI cerrase la página web de almacenamiento y descarga de archivos Megaupload y detuviese a cuatro de sus ejecutivos por un supuesto delito de piratería.

El Ejecutivo comunitario tiene previsto presentar este miércoles su reforma de las reglas comunitarias de protección de datos para hacer el mercado digital más accesible, transparente y competitivo, según adelantó la comisaria.

Fuente: El Mundo

Las otras dos menciones en este texto de 72 páginas se producen cuando se relatan los intercambios de correos electrónicos entre miembros de la empresa Megaupload. Se reproduce uno del 7 de mayo de 2009 en el que Ortmann, jefe técnico de la compañía, enumera al fundador Kim Dotcom los sitios desde donde los clientes del servicio premium enlazan a Megaupload y destaca, entre otros, a seriesyonkies. Apenas 10 días después, otro miembro de la empresa remite un correo a Ortmann con los sitios “top” más usados para acceder a los contenidos de Megaupload. Ahí figuran seriesyonkis.com, peliculasyonkis.com,dospuntocerovision.com, cinetube.es y surfthechannel.com.

El texto de la acusación demuestra que los investigadores han tenido acceso a todo tipo de datos, desde correos a transacciones financieras. Atribuyen a Megaupload 180 millones de usuarios registrados. El texto se entretiene en relatar el funcionamiento del sitio destacando el distinto trato que reciben los usuarios anónimos, los registrados y aquellos que pagan una cuota premium. Los primeros solo pueden almacenar un archivo durante 21 días si durante este período no es descargado ninguna vez. Los usuarios registrados tienen un plazo de 90 días. Si al final del mismo, el archivo no ha sido usado ninguna vez…se anula. Los clientes premium no tienen estas restricciones en el almacenamiento. La denuncia no lo cita, pero este servicio no era usado únicamente para albergar copias de filmes. Un número impreciso de clientes lo empleaba como nube donde guardar sus documentos en la Red, accesibles desde cualquier máquina.

Mientras, explica el documento, la empresa “ha destinado millones de dólares a pagos para mantener su infraestructura”, apenas hay constancia de que haya realizado pagos a quienes detentan derechos de autor.

La acusación describe que el servicio carecía de una ventana de búsqueda para que los internautas pudieran localizar contenidos. Ello aumentaba la importancia de sitios terceros que eran los que ofrecían esta información y con los que la empresa mantenía relaciones. En contraste con esta ausencia de buscador público, los propietarios de Megaupload, sigue explicando la denuncia, disponían de una base de datos interna sobre sus propios contenidos que podían utilizar para dar información a terceros sitios. En la página principal del sitio no se anunciaban contenidos que infringieran la propiedad intelectual.

Cuando un archivo era subido a Megaupload, narra el texto, se generaba por los algoritmos del sistema un código identificativo que permitía el acceso al mismo. Si las máquinas detectaban que el archivo ya existía en sus servidores, en principio, no realizaban una nueva copia y suministraban el acceso al primero. Con todo no siempre era así. El texto asegura que las peticiones de retirada de contenidos por parte de los propietarios de derecho eran atendidas fraudulentamente en muchas ocasiones porque se cancelaba el archivo denunciado pero se activaban copias no detectadas.

Tras describir la ubicación de los servidores empleados por la empresa en Estados Unidos, Canadá, Francia y Holanda, el documento aprovecha el acceso a los correos electrónicos de la misma para contar su actividad cotidiana. Citan, por ejemplo, un correo de Google de mayo de 2007 en el que la compañía del buscador les avisa de que ha detectado que su web alberga muchos contenidos que violan la propiedad intelectual por lo que el servicio publicitario de Google “no podrá trabajar con ustedes”.Entre 2006 y 2011 la cuenta de PayPal movió más de 110 millones de dólares (85 millones de euros).

La denuncia detalla la participación de los acusados en el capital de la empresa y los ingresos de cada uno de ellos con cifras que, en 2010, fueron de los 200.000 dólares anuales a los nueve millones. Se enumeran todo tipo de transferencias, desde las que se han hecho para pagar el empleo de servidores hasta el realizado para alquilar un yate, con cifras siempre de varios dígitos.

De cara a la confiscación de bienes se llega a enumerar la propiedad de coches por parte de los acusados. Según la demanda, uno de ellos, Fin Batato, disfrutaba de un Maserati.

Esta noche, el grupo Anonymous ha lanzado un ataque de denegación de servicio contra varios sitios relacionados con el caso.

Fuente: El País

En declaraciones a “eEl Diario de Cooperativa”, Pardo señala: “En España ningún extranjero puede operar o controlar más del 25% del capital social de una empresa radiodifusora, y nadie puede operar y controlar más de cinco cadenas de radio, y el Grupo Prisa controla en Chile el 100% del capital social de 11 cadenas de radio, con más de 200 concesiones, y esta situación vulnera claramente la Ley de Prensa. (Por esto) nosotros hemos interpuesto desde hace ya tiempo los recursos y las presentaciones judiciales correspondientes frente a esta situación”.

Para el presidente de Archi, esta situación actual en Chile crea “un tema de concentración, y por eso no estamos, en absoluto, conformes con la forma en que este grupo se ha desempeñado, tanto en el ámbito comercial como en el ámbito gremial. Creemos que hay un daño a la diversidad y a la pluralidad”.

Asimismo, Pardo apuntó que el sector está expectante de la respuesta que dará el presidente a la petición, recordando que éste “en la asamblea de la Archi, en abril del año pasado, afirmó ante todos los radiodifusores, que le pedía a los consorcios extranjeros que respetaran la ley en Chile”.

Fuente: El Mundo

Así, en el texto del anteproyecto se eliminan los párrafos de la Ley General de Comunicación Audiovisual en los que se obligaba a los entes públicos a impulsar la producción propia de su programación “de forma que ésta abarque la mayoría de los programas difundidos en las cadenas generalistas”.

Asimismo, se retira de la ley el párrafo en el que se prohibía explícitamente a los entes “ceder a terceros la producción y edición de los programas informativos y de aquellos que expresamente determinen los mandatos marco que para cada ente se aprueben en desarrollo del marco competencial correspondiente”.

En ambos casos, la Ley Audiovisual se refiere al conjunto de los entes públicos, incluidos RTVE, por lo que su eliminación de la norma teóricamente podría afectar también a TVE, aunque el funcionamiento de la cadena pública estatal está regulado por un conjunto de leyes, entre ellas la Ley de Radio y la Televisión de Titularidad Estatal y la Ley de Financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española, que aseguran su gestión pública, y que no han sido modificadas.

Por otro lado, tal y como informó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, el anteproyecto incorpora a la ley un nuevo párrafo en el que se afirma que “las comunidades autónomas determinarán los modos de gestión del servicio públicode comunicación audiovisual, que puede consistir, entre otras modalidades, en la gestión directa, en la gestión indirecta o en diferentes instrumentos de colaboración público-privada”.

En la exposición de motivos, el Ejecutivo razona que “la situación económica y la necesidad por parte del conjunto de las administraciones públicas de acometer actuaciones que faciliten la consolidación presupuestaria y el saneamiento de las cuentas públicas, aconsejaproporcionar a las comunidades autónomas una mayor flexibilidad en la gestión de su servicio público de comunicación audiovisual”.

En este sentido, justifica la eliminación de “determinadas limitaciones existentes” en la Ley Audiovisual relacionadas con “la cesión a terceros de las funciones de la producción y edición de determinados programas”, así como la introducción de una ”mayor flexibilidad” en la naturaleza de los entes públicos que presten el servicio público de comunicación audiovisual.

Así, con las modificaciones introducidas en la Ley audiovisual las comunidades autónomas dispondrán de distintas alternativas para elegir el modelo de gestión de sus televisiones públicas, ya sea la gestión directa, “una gestión indirecta a través de una persona privada” o “diferentes instrumentos de colaboración público-privadas”, aunque la ley no detalla en qué consistirán estos instrumentos.

Fuente: El Mundo

Foro iCmedia: “Rentabilidad y compromiso social: anunciantes, agencias y cadenas”

El acto ha contado con la participación de Fernando González Urbaneja, presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid, Javier Fernández del Moral, catedrático de Periodismo especializado en la Facultad de Ciencias de la Información, Arturo Canalda, defensor del menor de la Comunidad de Madrid y José María Irisarri, presidente de la Productora Vértice 360º.

En él han tenido lugar además varias mesas redondas donde algunos ponentes, como Vicente Muñoz, responsable de Operaciones y Negociaciones de la Unidad Corporativa de Contenidos de Telefónica, Encarnación Pardo, directora de Investigación y Desarrollo de Nuevos Proyectos en la productora Boomerang TV, Javier Cremades, presidente del Despacho Cremades & Calvo-Sotelo o José Luis Roig, director adjunto de la Gaceta de los Negocios, expusieron numerosas opiniones sobre los soportes técnicos y los contenidos:

“España, irónicamente, aunque es uno de los países que más telebasura produce”, tiene a Telecinco, una de las cadenas más rentables a nivel mundial, “más que la Fox”, explicaba Javier Cremades.

Vicente Muñoz Boza, hablo de la importancia del móvil en esta sociedad “multipantallas” y mencionó el reciente acuerdo de las operadoras españolas para “fomentar el buen uso del móvil al acceder a contenidos”

Encarna Pardo por su parte, comentó que con la llegada de la diferenciación y la televisión”a la carta”,”el espectador es más activo, más exigente, selectivo y esto hace que la calidad aumente”

Apuntó también que la formación de los profesionales es fundamental para generar buenos productos”

En la segunda mesa debatieron Alejando Perales, presidente de la Asociación de Usuarios de la Comunicación, José A. Ruiz San Román, coordinador del Informe ATR-Villanueva del seguimiento del código de autorregulación de contenidos televisivos e infancia, Charo Sádaba, Directora del Proyecto de Empresa Informativa e investigadora del proyecto sobre Generaciones Interactivas de la Universidad de Navarra y Loreto Corredoira Alfonso, profesora Titular de Derecho de la información en la Facultad de Ciencias de la Información, que comentaron la situación de los usuarios de la sociedad multipantallas:

“Creatividad, entretenimiento de audiencias masivas, beneficio para la cadenas, una defensa de unos valores mínimos de consenso y la interactividad. Estos son los cinco ingredientes esenciales que debe tener una oferta audiovisual para considerarla de calidad” comentaron José Antonio Ruiz San Román, y Charo Sádaba.

“Es muy difícil hacer televisión de calidad durante 24 horas seguidas”, explicó Ruiz San Román” Existen tres grandes consensos. El social, ya que las encuestas muestran que la sociedad exige a los medios audiovisuales un mínimo de calidad; el académico, debido a la creciente existencia de pruebas que relacionan el consumo audiovisual con comportamientos específicos, como la violencia, que hacen que se aúnen distintas perspectivas de estudios sociales, y el político, demostrado en su aprobación en febrero de 2007 y por unanimidad en el Congreso de los Diputados del acuerdo para velar por una televisión de calidad”