La CMT propone un canon ciudadano para financiar la televisión pública

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Las reacciones ante la decisión de la CE de impedir que prospere la tasa a las compañías de telecomunicaciones para financiar el ente público RTVE no se han hecho esperar. El consejero de la CMT, Angel García Castillejo, cree que ha llegado el momento de que los ciudadanos «asumamos el pago del canon para el mantenimiento de la TV pública».

Así lo ha manifestado durante su ponencia en el II Curso de Verano de la Patronal TIC, durante el seminario ‘La Convergencia Digital. La Sociedad Digital en el Desarrollo de la Economía Sostenible’, donde además añadió: «el gobierno tiene una fantástica oportunidad en la tramitación de la LES para asumir las recomendaciones del comité de sabios y acogerse a este plan B y ganar en progresividad», apostando así por una televisión pública que se financie de forma mixta, mediante presupuestos y el resto con un canon que paguen los ciudadanos.

Por su parte, el también presente presidente de Asimelec, Martín Pérez, ha acogido con prudente satisfacción la presumible decisión de Bruselas. «Al parecer, Bruselas va a parar esa decisión la próxima semana», señaló Pérez, para quien la medida era «una injusticia grande que nos metieran en la dinámica del 0,9% de los ingresos para financiar RTVE. No era legal y se van confirmando esas impresiones».

El presidente de Asimelec puntualizó que esta decisión obliga a «buscar una solución definitiva para financiar RTVE, como la hay en otros países. Las telecos tienen ya una fiscalidad alta como para contribuir a financiar la televisión pública».

El Gobierno, sancionado

La Comisión Europea prepara un expediente sancionador al Gobierno español por haber impuesto una tasa a las compañías de telecomunicaciones para financiar el ente público RTVE.

La decisión de Bruselas paraliza la normativa española que pretendía que las operadoras aportasen el 0,9% de sus ingresos brutos anuales totales a la financiación de la televisión pública, lo que supuestamente va en contra de la legislación europea sobre telecomunicaciones.

Si se confirma la decisión de la Comisión Europea, el Gobierno español tendrá un plazo de dos meses para presentar alegaciones. Si éstas no prosperan, deberá devolver los ingresos recibidos de manera «ilegal».

Fuente: elmundo.es

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