iCmedia dice que el derecho a quejarse de contenidos emitidos en TV no está protegido con el nuevo organismo regulador

Guía Audiovisual, Publicaciones iCmedia

La organización de consumidores y usuarios de los medios iCmedia, entidad que agrupa a más de 17 asociaciones de ámbito autonómico, ha denunciado que el derecho de los consumidores a dirigirse a una autoridad audiovisual competente para quejarse de un contenido emitido en televisión no está «suficientemente protegido» en el anteproyecto de Ley de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en el que trabaja el Gobierno.

En opinión de iCmedia, este derecho, contenido en la Ley General de la Comunicación Audiovisual, que fue aprobada en 2010, no queda debidamente garantizado en el anteproyecto Ley de creación de la CNMC, por lo que han instado al Ejecutivo a que «proteja de manera decidida el derecho que tienen los ciudadanos a dirigirse a la autoridad audiovisual competente para reclamar la adecuada calificación de los contenidos emitidos por las televisiones».

Además, las organizaciones de consumidores y usuarios de los medios audiovisuales han expresado su «preocupación» por la desaparición de los mecanismos de representación e iniciativa ciudadana que prevé la Ley General de la Comunicación Audiovisual. En particular, la eliminación del Comité Consultivo integrado por consumidores previsto en la Ley General de la Comunicación Audiovisual y que no se contempla en el CNMC.

Asimismo, iCmedia ha advertido del «riesgo» de que la nueva Comisión, a cuyo Consejo –integrado por nueve miembros designados por el Gobierno– corresponderá tomar las decisiones finales en materia de sanciones a las televisiones, «no asuma con la debida eficacia el compromiso que le corresponde de proteger y velar por los derechos audiovisuales de los ciudadanos, exigiendo de manera firme a los prestadores de servicios audiovisuales el cumplimiento de las obligaciones previstas en la actual legislación nacional y europea».

En este sentido, iCmedia insta al Gobierno a que concrete y desarrolle las competencias de vigilancia, control y sanción encomendadas a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en relación con los contenidos de los servicios audiovisuales, de manera que se garantice que dichas competencias se ejercen efectivamente, sin sujeción a otros intereses o criterios que no sean la protección de los derechos audiovisuales de los ciudadanos y, en particular, de los menores.

iCmedia considera, por otra parte, que en el borrador de creación de la nueva CNMC «no se garantiza suficientemente la cualificación de las personas designadas para ocupar el cargo de consejeros ni tampoco la adecuación de sus perfiles a la amplitud de sectores y materias que deberán cubrir dichos consejeros». Por ello, iCmedia exige al Gobierno que los futuros consejeros cumplan criterios de «independencia, formación, experiencia y pluralidad».

SATISFACCIÓN POR LA TRANSPARENCIA

Por otro lado, las organizaciones que componen iCmedia han expresado su «satisfacción» por las normas sobre transparencia y publicidad incluidas en el borrador de la Ley, que obligarán a la CNMC a publicar en su página web no sólo las disposiciones y resoluciones que dicte, sino también los informes en que se basen esas decisiones.

A juicio de las organizaciones integradas en iCmedia, estas normas de funcionamiento de la CNMC constituyen «un avance notable respecto a la situación actual de regulación del sector audiovisual, caracterizada por la opacidad administrativa».

iCmedia insta al Gobierno a que cumpla el plazo de tres meses para la creación de la CNMC que se indica en la Ley, ya que en opinión de esta organización resulta «inadmisible que se prolongue por más tiempo la situación actual de desprotección de los ciudadanos y en especial de los menores, en relación con los contenidos audiovisuales».

A estos efectos, iCmedia recuerda que una parte considerable de las normas sobre protección de los menores y sobre derechos de los usuarios contenidas en la Ley General de la Comunicación Audiovisual, que entró en vigor hace casi dos años, están pendientes de desarrollo normativo, a la espera de que se constituya el organismo que se encargue de dicho desarrollo.

Fuente: EuropaPress

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